El paso en falso dado por un magistrado de la máxima corte de justicia ordinaria del país, obliga a reflexionar sobre ese servicio público, pues no se trata de un juez de algún cantón olvidado de los confines de la geografía nacional, y no se trata tampoco de un tema procesal que exige alta preparación jurídica ni facultades discrecionales que podrían permitir apreciaciones subjetivas, sino de un asunto casi de simple trámite cuya mala aplicación causó sorpresa al propio Fiscal General del Estado.
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