Es impostergable que el Cordicom regule la información oficial de difusión obligatoria –gratuita o pagada–. Existe excesiva discrecionalidad. No hay frenos y resulta incompatible con el derecho público, que solo autoriza lo expresamente permitido. Así, en la difusión de mensajes oficiales directos o encubiertos, se propicia el abuso del manejo de dinero público y la afectación a la dignidad de personas, entre otros derechos.
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