Desde hace 8 años, el Gobierno ha minimizado al sector privado. Le ha colocado en un segundo plano, como corolario de la acción estatal, cargándole de costos tributarios, legales, regulatorios y de controles. Todo a base de una clara ideología: los privados exitosos siempre tienden a actuar mal ya sea en el plano tributario, laboral, de mercado o en el medio ambiente, y por ende el Estado debe corregir sus fallas y orientarlos hacia el bien común, cuyos secretos solo conoce el poder político.
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