En varios artículos en diferentes épocas he tratado de defender al consumidor (o al usuario) de los abusos o de los descuidos en que incurren las empresas públicas y las privadas, porque no son únicamente las empresas privadas, como generalmente se cree, las que no tratan bien –no quiero decir maltratan porque me parece muy fuerte– a quienes utilizan los bienes que producen o los servicios que prestan, sino que son más las corporaciones del Estado o de otros entes públicos las que lo hacen.
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